Plaguicidas en Chile: el lado oscuro de la agricultura

Por Samuel Silva

Vocero de la Unión de sindicatos de la Agroindustria (Unión del Agro)

Una de las caras más terribles del monocultivo en Chile es el uso indiscriminado de plaguicidas sumamente peligrosos en las faenas agrícolas de cultivo y cosecha. Esta problemática no solo afecta a los hijos de los trabajadores agrícolas, quienes están expuestos a enfermedades crónicas, sino también a los habitantes de las comunidades aledañas a las zonas de cultivo intensivo y los consumidores de frutas y hortalizas.

Llama la atención cómo este problema latente ha sido invisibilizado durante tanto tiempo, pese a la larga lucha que vienen dando las mujeres campesinas de ANAMURI y a toda la evidencia científica que han sacado a la luz instituciones como RAP-AL, la Universidad de Talca y el Hospital de Molina; una de las comunas rurales más afectadas por el uso de agrotóxicos.

Según un informe de María Elena Rozas, a quién se cita muchas veces en este artículo y que es Directora de RAP-AL, son más de 1.000 las marcas comerciales de plaguicidas de alta toxicidad que están a la venta en nuestro país, con más de 420 principios activos, los cuales son usados en condiciones laborales muy precarias, ya que la aplicación puede ser hecha por cualquier persona. Existe un analfabetismo funcional en muchos de quienes los aplican, un trabajo flexible y temporal sin conocimiento de los riesgos, limitadas acciones preventivas y falta de regulación para su aplicación aérea y terrestre.

Los plaguicidas se clasifican, según la Organización Mundial de la Salud, en los grupos 1-A (sumamente peligrosos), 1-B (muy peligrosos) y con efecto crónico. La exposición a estos plaguicidas inhibidores de la colinesterasa (que es esencial para una función nerviosa saludable) se ha asociado a daños en el desarrollo neurológico del feto y de los niños, al síndrome de fatiga crónica y la enfermedad de Parkinson.

En 1993, el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos expresó preocupación acerca de los daños potenciales a mediano y largo plazo sobre la función cerebral derivados de la exposición infantil a organofosforados y otros plaguicidas neurotóxicos encontrados habitualmente en los alimentos.

En 1997, en Sonora, México, se efectuó un estudio en la población yaqui. En este estudio se detectaron altos niveles de múltiples plaguicidas, especialmente organofosforados. Se descubrieron graves problemas de aprendizaje y desarrollo en los niños yaqui que viven en las zonas agrícolas.

El año 2010, en el programa Contacto de Canal 13 se mostraron investigaciones que evidenciaban restos de metamidofós y metomilen espinacas que se encontraban a la venta. Estos compuestos pertenecen a los grupos 1-A y 1-B, no recomendados en la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Esto  demuestra que no sólo los trabajadores agrícolas y forestales están expuestos. De hecho, en el último estudio realizado por la Universidad de Talca, se constata que ya no sólo son los niños de zonas rurales los afectados, si no que en las zonas urbanas aumentaron los casos de enfermedades crónicas asociadas a estos productos.

La vulnerabilidad frente a estos elementos activos está dada por varios factores: la edad, mientras menos edad, más peligros hay; sexo, ya que la mayoría de los expuestos son mujeres temporeras; estado de salud, hígado, riñones y pulmones en estado previo de daño hace más vulnerable al sujeto. También está dada por el estado nutricional de los expuestos,  su estado fisiológico (embarazadas) y la susceptibilidad genética que posea el afectado.

Desde la perspectiva de la Salud Ocupacional existen efectos agudos como agudos envenenamientos frecuentes y muertes por el uso de plaguicidas extremada y altamente tóxicos; así como también existen efectos crónicos como malformaciones congénitas, tumores y graves alteraciones en los sistemas reproductivo, nervioso e inmunológico.

Un estudio realizado en Chile entre 1996 y 1998, en la VI Región, concluyó que existe una “asociación estadísticamente significativa entre malformaciones congénitas y exposición de padres a plaguicidas, con aproximadamente un 40% de riesgo en expuestos a plaguicidas” (Alejandra Rojas y otros. Hospital Regional de Rancagua, Chile, 1998)

Desde enero a noviembre de 2009, según la REVEP, se dieron 8 casos de fallecidos por esta causa. En ese año se produjo el brote más masivo de la historia del uso de plaguicidas en Chile, específicamente en la Región del Maule. Según un informe oficial se estima que “probablemente son más de 300 los trabajadores afectados” por ese brote.

Otra de las razones de la invisibilización del problema, además de los intereses creados entre empresarios de la patronal agrícola y algunos senadores señalados más adelante, es la escasa notificación o el carácter de “tierra de nadie” que tienen los fundos: en regiones donde existe un buen sistema de notificación se estima que por cada caso que se registra oficialmente en Chile, hay otros cuatro que no son notificados a la autoridad sanitaria, lo que hace que la cifra real sea superior a los tres mil casos anuales

Además de existir un impacto en la salud pública, hay un impacto en el medio ambiente donde vivimos. Se expresa a través de la aparición de plagas, enfermedades y hierbas resistentes; la disminución de la biodiversidad; la muerte de insectos benéficos y polinizadores; la destrucción del hábitat;  y la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

Los niños corren mayores peligros que los adultos a causa de los plaguicidas y necesitan más protección contra estas sustancias químicas, en particular en los países en desarrollo. Esto último, ratificado por un informe conjunto publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la Salud.

El Director de Producción y Protección Vegetal de la FAO, Shivaji Pandey, en relación al uso de del 1-A y 1-B señaló: “No hay forma de garantizar que las sustancias químicas presentes se utilicen en los países en desarrollo respetando los márgenes aceptables de riesgo”, señaló.

En los países de la OCDE está prohibido o estrictamente limitado el uso de estos plaguicidas, y la FAO quisiera que se proscribiera su uso lo antes posible en los países en desarrollo, donde los trabajadores agrícolas a menudo carecen de la protección personal adecuada.

Legislación fallida

Después de más de una década de lucha por parte de la Agrupación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), que agrupa a organizaciones y sindicatos de temporeras a nivel nacional, con el apoyo de médicos de hospitales rurales y académicos, lograron impulsar un Proyecto de Ley para la eliminación de los grupos 1-A y 1-B de la venta y uso, el cual, luego de haber sido aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados el año 2009, la Comisión de Agricultura del Senado la rechazó por la unanimidad de sus miembros presentes, los senadores Espina, Naranjo y Vásquez, argumentando la siguiente razón: “atención a que el bien jurídico que procura proteger el texto en informe se encuentra regulado con mayor amplitud y flexibilidad en la ley No 20.308, sobre protección a los trabajadores en el uso de productos fitosanitarios, que sustituyó el artículo 35 del decreto ley No 3.557”.

En la comisión mixta del Senado también se rechazó el proyecto y votaron en contra los congresistas Jaime Naranjo (Presidente), Andrés Allamand y Hernán Larraín y el diputado Ramón Barros, mientras que Alejandro Sule y Eugenio Tuma votaron a favor.

Esto demuestra que los intereses creados entre la patronal agrícola y una cantidad importante de parlamentarios, ha impedido que esta demanda, que afecta a la población rural y urbana que consume frutas y hortalizas, se exprese en una ley  que anteponga el valor de la vida por sobre la muerte y la destrucción a la que nos lleva el actual modelo productivo en Chile.

Somos los trabajadores y comunidades organizadas los llamados a combatir estas atrocidades, denunciando a los responsables y buscando el apoyo entre las organizaciones vinculadas a la agricultura, articulando las movilizaciones necesarias para acabar de una vez con estos compuestos tóxicos y promoviendo una agricultura amigable con el medio ambiente y quienes vivimos en él.

FUENTE. http://revistadefrente.cl

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